Los debates tienen como objetivo:
1. Explicar al pueblo de Cuba y a otros públicos a nivel internacional el contenido y significado de la Ley Helms-Burton.
2. Denunciar la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton como medida destinada a fortalecer el bloqueo contra Cuba y destruir a la Revolución.
3. Reposicionar en la opinión pública nacional el rechazo al Título II de la Ley Helms-Burton y su espíritu neocolonizador.
4. Promover la denuncia pública de actores internacionales, fundamentalmente de Estados Unidos, Europa, Canadá y América Latina, ante la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.
La información compartida tuvo miradas al contenido y significado de la Ley Helms-Burton. Contexto histórico y leyes anteriores que pretendían destruir a la Revolución comparando la Ley Helms-Burton con la Enmienda Platt. Intención neocolonizadora. Vinculación del espíritu del Título II de la Ley Helms-Burton con el Plan Bush y otros planes subversivos contra Cuba. Recordar lo que significó el Plan Bush y reafirmar la firmeza del pueblo cubano frente a los programas de cambio de régimen orquestados por Estados Unidos. Explicación del título III de la Ley Helms-Burton. Explicar los hechos y datos concretos que demuestran lo que significaría su aplicación y sus consecuencias para nuestro país. Recolocar en la opinión pública nacional y al colectivo laboral de los argumentos de denuncia; así como demostrar la legitimidad de las nacionalizaciones al amparo del Derecho Internacional y la Ley Fundamental de Cuba. Desmentir el término de “confiscaciones indebidas”. Explicar el mecanismo de compensación propuesto por Cuba al amparo de la Ley 851 del 6 de julio de 1960 y la frustración de ese mecanismo por parte de los Estados Unidos.
Se enfatizó en retomar la Ley 80, Ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía cubanas, proclamada por la ANPP en diciembre de 1996 que contiene elementos importantes en respuesta a la Ley Helms-Burton: Declarar nula e inaceptable la Ley Helms-Burton y contrastar el Título III con las Demandas (del pueblo cubano) contra el Gobierno de Estados Unidos por Daños Económicos y Humanos (mayo 1999, septiembre 2000).
Fue destacado las garantías que ofrece al pueblo de Cuba y a la inversión extranjera la nueva Carta Magna, en contraposición con la aplicación del Título III.